La Agencia Europea de Medicamentos resolverá quien ingresa a Europa
Con el fin de brindar una mirada diferente a la información geral sobre la situación de pandemia en la región, y ante el deseo de devolver la movilidad de las personas a la normalidad, se ha iniciado una discusión que al principio podría ser una luz al final del túnel, y es la propuesta de un pasaporte o pase verde, que en principio debe tener validez científica, para que sus titulares estén protegidos de las enfermedades más comunes en los países de destino, y así, poder realizar las actividades a las que se mueven y evitar la sobrecarga de los servicios de salud.
Pero aquí surgen las primeros cuestionamientos a dicha propuesta: ¿cuál sería el impedimento para entrar a un país o evento, cuando el virus que provocó la pandemia ya ha estado presente en casi todo el mundo hace más de un año? ¿Por qué ese documento sería obligatorio cuando la mayoría de la población local ya está vacunada –según algunas autoridades- y solo el viajero que llega no lo está? ¿El no vacunado, representa en realidad un peligro para la salud suya o de la población local?
Es bueno señalar que Uruguay es un caso especial, no solo por su dimensión geográfica, sino también por su densidad poblacional; se logró vacunar en promedio al 1% de sus habitantes por día, lo que significa un 20% ya vacunado con la segunda dosis, aunque aun así, solo el 35% recibió solo la primera dosis, y más del 1% de los designados para recibir la vacuna de una marca específica han desistido, todo ello con una población de menos de 3,5 millones de habitantes y más de 2.5 millones de dosis adquiridas hasta el momento.
Ahora, para comprender mejor los hechos a nivel regional, es necesario tomar en cuenta una variable no menor, y me refiero a la cantidad de vacunas existentes y la densidad poblacional de los países, especialmente en la región del cono Sur, factor que varía bastante en los países grandes, donde la vacunación no supera el 15% de la población general, lo que conduce a una discriminación absurda con la mayoría que no puede o no quiere ser vacunada, sin olvidar que en ambos casos, Brasil y Argentina, las dificultades de gran parte de la población para acceder a la vacunación en estos países, se debe tanto a las distancias como a las características geográficas naturales, que son diferentes en cada región del continente.
Dado este escenario regional y las diecisiete (17) variedades de marcas de vacunas en el mercado de la industria farmacéutica, es difícil imaginar hoy la vigencia de un documento único, pasaporte verde o pase de salud migratorio internacional, que limite la movilidad solo a los viajantes inmunizados -que pueden trasladarse por turismo, por trabajo, por comercio, por necesidades familiares u otros motivos- ya que los Estados podrían estar agravando las dificultades migratorias, al tratar de manera diferente quién está vacunado y quién no, colocando a algunos sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad social, al dificultar aún más las ya complejas condición legal de los viajantes, pudiendo así los gobiernos, incluso, estar incurriendo en flagrantes violaciones de los derecho humano a la libre movilidad y migración de las personas. *(Art. 13 y 18 OACDH-ONU)
Incluso, aunque la comunidad europea diga que este pasaporte o pase no sería “una herramienta de discriminación”, que es solo será para informar a las autoridades, y que no será una oportunidad o licencia para espiar la vida privada de nadie -ya que los datos estarán protegidos-, porque además sería gratis; sin embargo, el mismo “solo se obtendrá con vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos”, tal como los han expresado las autoridades de la Unión Europea, lo que de hecho ya es discriminatorio y se transforma en una externalización de las fronteras, declinando en un agente externo, en este caso la Agencia Europea de Medicamentos, la potestad resolutoria de quien ingresa a un país o no.
“solo se obtendrá con vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos” ... una externalización de las fronteras, declinando en un agente externo, en este caso la AEM, la potestad resolutoria de quien ingresa a un país o no.
Si a todo esto, le agregamos además que mucha gente ya se salteó la filas corrompiendo autoridades, golpeó a otro e incluso fue a la cárcel por ese motivo, es bueno recordar que en la medida que se aumentan los requisitos para ingresar a un país y se suman dificultades en el acceso legal a un país, crecerá la inseguridad y surgirán los sistemas ilegales de trata de personas, en esas zonas grises, en la que se operarán organizaciones ilegales en las fronteras, tratando de facilitar el paso a aquellas personas que no tengan el referido requisito; habría que valorar entonces si todo esto es válido solo para saber si alguien está inmunizado o no.
Si bien es real que hoy día ésta no sería la única vacuna en el mundo requerida para ingresar a otros países, ya que para viajar a África, Australia, Japón y otros países del mundo, desde hace mucho tiempo, ya es necesario contar con ciertas vacunas -aunque en estos casos se trata teóricamente de una enfermedad y una sola vacuna es la aplicada-, sin embargo aquí tenemos una gran diversidad de vacunas para un solo virus y sus variables. No olvidemos además que en países como Alemania, Francia, Italia y España una determinada marca de vacunas no es aceptada y es aquí donde surgen más dudas: ¿cuál sería la decisión de las autoridades migratorias para un turista o viajero, que tiene el pasaporte verde emitido por su país de origen donde se vacunó con esa marca no aceptada? ¿se volverá a vacunar a la persona con la marca aceptada en el país de destino? ¿Es inútil la vacunación realizada en el país de origen? ¿Puede suceder lo mismo con una misma persona en todos los países a los que viaje y en donde no se reconocen la marca de vacuna aplicadas en el país que emitió el pasaporte o pase?
Surge así otra incógnita: ¿que ocurre -sintomáticamente hablando-, con las personas que acaban siendo sobreinmunizada? Porque estás vacunaciones siempre ocurre sin el análisis serológico previo, tanto en Uruguay como en el exterior, entonces: ¿podría esto ocasionar mayores daños físicos a los dosificados -sea porque ya posee su inmunidad natural activa o por la sobre carga inmune aplicada por la excesiva vacunación-, o alguien da garantías de que no ocurrirá nada grave con esas personas?
Sin dudas todavía hay mucho más incertidumbres que certezas, pero también se necesitará más información, información que no todos los países brindan a los ciudadanos, ya que muchos de ellos ignoran las condiciones óptimas necesarias para ser vacunados, desconocen los componentes biológicos de las vacunas y sus efectos o no saben si ya no portan el virus a la hora de ser vacunados. Quizás se deba a que los Estados y las propias farmacéuticas se desentienden y liberan de toda responsabilidad jurídica o penal, o quizas se debe a que los acuerdos secretos y reservados, entre los gobiernos y las industrias. La cuestión es que así están dejando a la población en desventaja y desprotegida, exigiendo el consentimiento informado y apelando a la libertad responsable de cada uno para vacunarse, cuando, como y con algo que no conocen.
Si no hay vacunas suficientes, si algunos ejerciendo el derecho sobre su cuerpo se niegan, y a otros se les dificulta saber cual marca inocularse, porque se apela a una “obediencia debida”, que ya no es aceptada ni por los Tribunales de Justicia militar o policial, para pretender imponerle a los ciudadanos la vacunación compulsiva, con que autoridad los Estados tratan a los ciudadanos como si fuera soldados o coboyos, cuando la gran mayoría de ellos no puede ser responsable de algo de lo que no está absolutamente consciente o preparado para comprender en todas sus dimensiones.
Richar Enry Ferreira
