«Justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales» (Aristóteles).
Durante años o décadas, hemos visto como funcionarios públicos de áreas abocadas al control y la represión en las fronteras realizan incautaciones de mercaderías y vehículos, detienen y llevan a la justicia a los involucrados -los cuales como mínimo quedan registrados como delincuentes, siempre y cuando no acaben perdiendo el derecho a la libertad o la propia vida-, para lo que muchas veces persiguen, disparan y hasta matan a ciudadanos sólo porque huyen con mercadería traída de “contra- bando” (un concepto tan arcaico como perimido en el mundo globalizado de hoy).
Ahora, cuando vemos estas noticias, https://www.telenoche.com.uy/nacionales/aduana-de-rivera-incauto-mas-de-8000-botellas-de-cerveza-y-whisky , quienes nacimos, nos criamos o vivimos en la frontera y sabemos lo que son las desigualdades sociales en la zonas limítrofes, las inequidades judiciales y la valentía de esos quileros que históricamente han cargado a pie, a caballo, en bicicleta, en moto, camioneta o hasta en carretilla, unos quilos de mercaderías para revender, revive en nuestro interior la indignación por saber que a diferencia de ellos, en este caso “no pasa nada”.
Seguramente el vendedor de free shop que comercializó esa carga no será sancionado legalmente, a pesar de que vive y comercia dentro de los límites del país, con una normativa que lo privilegia; su negocio no será cerrado, porque los uruguayos que allí trabajan no pueden perder el sustento de sus familias; y la sociedad anónima que se beneficia de esa abultada y organizada venta irregular tampoco pagará como pagan nuestros quileros, porque de seguro ni siquiera tiene sus oficinas en el país, o peor aún, puede estar formada por capital de integrantes del propio poder público. En resumen, se mide a unos con una medida diferente de otros.
Pero esto no sólo es injusto, sino que no parece que este sea el mejor camino a seguir. De hecho, con las actuales condiciones no hemos visto en la frontera ciudadanos más educados, con mejor calidad de vida o con trabajos dignos; todo lo contrario, el desempleo no para de crecer, la informalidad se ha vuelto el modo de vida estándar y eso se repite de generación en generación.
Esto no solo afecta verdaderamente la economía del país, sino que expone un sistema legal frágil, del que unos pocos se valen para beneficiarse de las exoneraciones impositivas destinadas a extranjeros, para enriquecerse y fomentar una competencia desleal con la industria uruguaya que ya bastante nos cuesta sostener con nuestro impuestos.
Limitar la libertad de comerciar, es coartar un derecho humano; tener que esconderse y poner en riesgo hasta la propia vida para poder acceder a bienes de consumo, alimentos de primera necesidad o fuentes de energía, no es digno para ningún ciudadano, por eso es evidente que esto debe cambiar.
Aclaro, esto no es una crítica al accionar de los que trabajan como aduaneros, policías o militares; pero es difícil creer que por mera casualidad se destacan fuerzas estatales durante doce o dieciocho horas en caminos por donde sólo pasan motos cargadas de hasta 20 garrafas de gas o comestibles, mientras no se reprime la comercialización en la capital, ni se castiga a los evasores en la línea fronteriza de donde parte la ilegalidad. ¿Acaso la inteligencia estatal está muy ocupada en otras funciones, que ya no cuida más de lo que de verdad importa, como drogas, armas o trata de personas?
Creamos y confiemos, con esperanza, que esto en breve pueda cambiar, y así algún día veamos la verdadera justicia contemplar a los históricos quileros, antecesores de la patria…
Richar Enry Ferreira
