En el día de ayer, se notificó al Cro. Dardo Ribeiro, dirigente sindical del Departamento de Artigas, sobre la apertura de un nuevo sumario administrativo por declaraciones públicas brindadas a la prensa, en su calidad de tal, con referencia a irregularidades en el servicio de atención psicológica de los Policías de esa localidad, denunciadas y revertidas.
Recordemos que esto no es nuevo, hace solo unos meses atrás el mismo ya fue investigado, sumariado y sancionado con diez (10) días de descuento de su salario (es decir, que un tercio de su trabajo mensual fue para el Estado) por realizar declaraciones públicas en la prensa referidas a la desigual forma en que se sanciona a los trabajadores policiales, discriminando al personal sub-alterno del oficial, teniendo con los primeros un trato perjudicial mientras que con los segundos el trato es preferencial, de protección, acomodo e impunidad.
Dicha medida, no solo es intolerable por la contradicción intrínseca que la misma manifiesta con la condición democrática y republicana de nuestro Estado uruguayo, sino porque en dicho acto violan flagrantemente la Constitución de la República, en la cual su Artículo 57 expresa que “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.”, así mismo, contradice la ley 17.940, artículo “1°… es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo. En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto: A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”.
Siendo cuidados en mis expresiones, dejando de lado lo político y jurídico, que el compañero esgrimirá en su defensa sumarial, siento la obligación moral de centrarme en el análisis netamente sindical, y por ende, focalizado en los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos trabajadores de la seguridad pública en Uruguay.
Tal como consta en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida con mayor libertad.”, nuestro país, así como nuestras instituciones y organizaciones sociales, creadas al amparo de la ley y el respeto al otro, luchan a diario por el “progreso social” de los Policías y tiene como objetivo primordial “elevar el nivel de vida”; pero se nos hace difícil y casi imposible alcanzar tales objetivos si nuestra “mayor libertad” no es respetada por nuestro patrón, el Estado.
En base a que no es el primer caso y tampoco es un hecho aislado, sino que es una práctica estratégica-sistemática de perjuicio y desprestigio, puedo decir que tanto las leyes generales como los derechos sociales y las libertades individuales, valen en nuestro país para unos, mientras que para otros no existen en lo más mínimo, es más, llegan a ser usadas en forma contraria, denigrante y represiva, sobre los que piensan o actúan distinto a quienes hoy detentan el poder, ocupan cargos de Estado o han alcanzado un grado jerárquico elevado.
Frente a tales actos, que rayan la tiranía, el despotismos y la oligarquía, humildemente CONSIDERO QUE DEBERÍAMOS PONERNOS A MEDITAR, SOBRE CUAL SERÁ EL FIN DE NUESTRAS INSTITUCIONES, DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y HASTA DEL VALOR DE NUESTRA CONDICIÓN DE PERSONA, CIUDADANO Y TRABAJADOR, ya que si no somos libres de expresar lo que pensamos, si la sujeción a un régimen laboral alcanza nuestra vida intima, y si todo esto pasa en las narices de todos y nadie de los que ocupa un lugar de poder en representación del pueblo se expresa en contrario, Y DIGO NADIE, PORQUE DESDE LOS REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, HASTA LOS INTEGRANTES DEL EJECUTIVO DEL PIT-CNT, ninguno se molesta en quebrar una lanza por integrantes del colectivo policial hostigado, discriminado y perseguido.
A los Policías les digo, reaccionemos mientras hay tiempo, a los sindicalizados les pido que tengan fuerza y respalden a sus Dirigentes, y a estos los exhortos a pelear con más fuerza por la verdadera unidad sindical, YA QUE SOLO ASÍ PODREMOS ALGÚN DÍA REVERTIR LA DESIGUAL CONDICIÓN QUE NOS ENFRENTE A NUESTRA PATRONAL INTEGRADA POR JERARQUÍAS SEDIENTAS DE PODER Y POR MANDOS MINISTERIALES RODEADOS DE SOBERBIA E IGNORANCIA, TODOS DESESPERADOS POR DENIGRAR Y DESCALIFICAR A QUIENES SE SINDICALIZAN, PIENSAN Y REACCIONAN CON “CABEZA PROPIA”.
“EL BUEN CIUDADANO ES AQUEL QUE NO PUEDE TOLERAR EN SU PATRIA UN PODER QUE HACERSE SUPERIOR A LAS LEYES” CISCERÓN
Recordemos que esto no es nuevo, hace solo unos meses atrás el mismo ya fue investigado, sumariado y sancionado con diez (10) días de descuento de su salario (es decir, que un tercio de su trabajo mensual fue para el Estado) por realizar declaraciones públicas en la prensa referidas a la desigual forma en que se sanciona a los trabajadores policiales, discriminando al personal sub-alterno del oficial, teniendo con los primeros un trato perjudicial mientras que con los segundos el trato es preferencial, de protección, acomodo e impunidad.
Dicha medida, no solo es intolerable por la contradicción intrínseca que la misma manifiesta con la condición democrática y republicana de nuestro Estado uruguayo, sino porque en dicho acto violan flagrantemente la Constitución de la República, en la cual su Artículo 57 expresa que “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.”, así mismo, contradice la ley 17.940, artículo “1°… es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo. En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto: A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”.
Siendo cuidados en mis expresiones, dejando de lado lo político y jurídico, que el compañero esgrimirá en su defensa sumarial, siento la obligación moral de centrarme en el análisis netamente sindical, y por ende, focalizado en los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos trabajadores de la seguridad pública en Uruguay.
Tal como consta en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida con mayor libertad.”, nuestro país, así como nuestras instituciones y organizaciones sociales, creadas al amparo de la ley y el respeto al otro, luchan a diario por el “progreso social” de los Policías y tiene como objetivo primordial “elevar el nivel de vida”; pero se nos hace difícil y casi imposible alcanzar tales objetivos si nuestra “mayor libertad” no es respetada por nuestro patrón, el Estado.
En base a que no es el primer caso y tampoco es un hecho aislado, sino que es una práctica estratégica-sistemática de perjuicio y desprestigio, puedo decir que tanto las leyes generales como los derechos sociales y las libertades individuales, valen en nuestro país para unos, mientras que para otros no existen en lo más mínimo, es más, llegan a ser usadas en forma contraria, denigrante y represiva, sobre los que piensan o actúan distinto a quienes hoy detentan el poder, ocupan cargos de Estado o han alcanzado un grado jerárquico elevado.
Frente a tales actos, que rayan la tiranía, el despotismos y la oligarquía, humildemente CONSIDERO QUE DEBERÍAMOS PONERNOS A MEDITAR, SOBRE CUAL SERÁ EL FIN DE NUESTRAS INSTITUCIONES, DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y HASTA DEL VALOR DE NUESTRA CONDICIÓN DE PERSONA, CIUDADANO Y TRABAJADOR, ya que si no somos libres de expresar lo que pensamos, si la sujeción a un régimen laboral alcanza nuestra vida intima, y si todo esto pasa en las narices de todos y nadie de los que ocupa un lugar de poder en representación del pueblo se expresa en contrario, Y DIGO NADIE, PORQUE DESDE LOS REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, HASTA LOS INTEGRANTES DEL EJECUTIVO DEL PIT-CNT, ninguno se molesta en quebrar una lanza por integrantes del colectivo policial hostigado, discriminado y perseguido.
A los Policías les digo, reaccionemos mientras hay tiempo, a los sindicalizados les pido que tengan fuerza y respalden a sus Dirigentes, y a estos los exhortos a pelear con más fuerza por la verdadera unidad sindical, YA QUE SOLO ASÍ PODREMOS ALGÚN DÍA REVERTIR LA DESIGUAL CONDICIÓN QUE NOS ENFRENTE A NUESTRA PATRONAL INTEGRADA POR JERARQUÍAS SEDIENTAS DE PODER Y POR MANDOS MINISTERIALES RODEADOS DE SOBERBIA E IGNORANCIA, TODOS DESESPERADOS POR DENIGRAR Y DESCALIFICAR A QUIENES SE SINDICALIZAN, PIENSAN Y REACCIONAN CON “CABEZA PROPIA”.
“EL BUEN CIUDADANO ES AQUEL QUE NO PUEDE TOLERAR EN SU PATRIA UN PODER QUE HACERSE SUPERIOR A LAS LEYES” CISCERÓN
