Montevideo, 16 de julio, 2014.
Por intermedio de la presente, la organización sindical de segundo orden, Unión de Sindicatos Policiales (Fundada el 05 de octubre 2012, con Personería Jurídica en trámite), integrante de la Orientación Sindical “5 de Marzo” y adherida al Pit-Cnt, integrada por:
Asociación de Funcionarios de Lavalleja
Sindicato Policial de Treinta y Tres
Sindicato Policial de Artigas
Sindicato Policial de Salto
Sindicato Policial de Durazno
Asociación de Policías Rocha
Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado
Sindicato de Trabajadores Policiales de Canelones
Sindicato Policial de Soriano
Sindicato Único de la Policía del Uruguay-Montevideo
I) La violación sistemática de la normativa vigente (Ley 18.508, Decretos 406/88 y 291/07), en lo concerniente a las condiciones adecuadas de los lugares de trabajo en dependencias policiales. Sobran ejemplos para citar, entre ellos:
- la carencia de servicios sanitarios para mujeres diferenciados del de hombres, con duchas y lavabo separado, un elemento básico y exigido por la ley para la más cómoda y adecuada higiene sanitaria del personal femenino de todas las dependencias policiales (es el caso de las Seccionales 4° y 5° de Rocha, entre muchas otras).
- las nuevas dependencias policiales construidas no cumplen con el metraje cúbico mínimo imprescindible, ni con techos o paredes impermeabilizadas y aisladas, sino que por el contrario, las frecuentes filtraciones de agua ponen en riesgo no sólo la existencia de los bienes públicos depositados en ellas, sino también de la salud de los funcionarios, llegando incluso a peligrar el derrumbe de alguna de ellas, según lo denuncian los propios peritajes de Bomberos (por ejemplo Seccional 10ma de Rocha), debiendo agregarse que a los efectos de realizar las reparaciones pertinentes, los Comandos de las Jefaturas indican a los Encargados de Seccional que “pidan a los vecinos” una contribución económica, lo cual no solo está penado (Decreto 30/03 que se adjunta) sino que es injusto con la población que en teoría ya está contribuyendo con este tipo de obras a través de sus impuestos.
- Se carece del mobiliario acorde a un servicio de atención personalizada digna en la mayoría de las Comisarías, tanto para el ciudadano que acude a las oficinas como para el trabajador que allí se desempeña: faltan mesas, sillas y armarios, al igual que libros o cuadernos, impresoras, papel y hasta tinta. A ello se agrega en algunas seccionales rurales la carencia de energía eléctrica, por lo que resulta imposible acceder a un tan sofisticado sistema informático (reloj biométrico) sin electricidad ni equipos informáticos adecuados (línea de Internet y PCs para el Sistema de Gestión Policial). Lo paradójico es que, a pesar de hallarse lejos de la capital del país y trabajando con todas las dificultades y carencias antes mencionadas, al personal policial se le realizan todos los controles, evaluaciones y pagos de compensaciones como si los tuvieran, no resultando claro en consecuencia en qué parámetros basan su variable de medida para pagar el presentismo ni el compromiso de gestión.
- La situación se agrava más aún cuando los Policías deben enfrentar dificultades para acceder al agua potable, dado que como es de conocimiento general, el consumo de agua no habilitada para la ingesta humana representa un potencial foco de infecciones graves. Esta es la situación puntual de la Seccional 11° de Artigas, la cual carece de acceso a las redes de OSE y la única fuente con que cuenta para obtener el vital elemento es un pozo de agua, cuyo brocal se desmoronó hace dos años tornando imposible el acceso al mismo.
- Es de significar que todas estas dificultades para ejercer la función no pueden ser correctamente medidas, seguidas, analizadas, prevenidas y denunciadas debido a la ausencia del Delegado de Salud Laboral, no se puede acceder ala información oficial de cuantos Handys hacen falta, cuantos tiene sus baterías destruidas –y por ello no se puede medir el riesgo y el peligro que momento a momento viven los Policías que patrullan las calles solos con equipos de comunicación inapropiados-; también se ignora la cantidad de móviles policiales que poseen airbag, ya que hasta donde sabemos, dichos sistema de seguridad es retirado para prevenir gastos innecesarios ante la impericia de los choferes policiales –lo cual expone a un gran riesgo la vida de quienes conducen los móviles policiales-; tampoco se ha podido contabilizar la cantidad de móviles policiales que poseen botiquín, elemento imprescindible de acuerdo a la nueva ley 19.061, y el riego que la ausencia de este implica en la función diaria de la Policía. En Resumen, no pretendemos cogobernar, sino simplemente ejercer el derecho que las normas nos otorgan y las circunstancias lo exigen para una mejor y más efectiva seguridad ciudadana, solo exigimos que se respeten los ámbitos de negociación y se creen en forma inmediata las comisiones de Salud Laboral, se designen los Delegados y se respete el libre ejercicio del derecho sindical.
- Finalmente, debemos consignar que las carencias enumeradas anteriormente se conjuntan y multiplican en los establecimientos carcelarios del interior del país, donde se han detectado techos recién hechos que ya se encuentran agrietados (Cárcel de hombres y mujeres de Rocha), alojamientos inadecuados y carencia de una cocina comedor para el personal (Cárceles de Lavalleja y Salto), garitas de guardia descuidadas e inhumanas, que no cuentan siquiera con vidrios para proteger del frío (Cárcel de Durazno), TODAS ESTÁS SITUACIONES SE HAN VISTO Y SE VEN AGRAVADAS POR LA NOTABLE CARENCIA DE PERSONAL POLICIAL, LOS HORARIOS EXCESIVOS E INADECUADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS Y LA AUSENCIA DE CONTENCIÓN PSICOLOGICA PREVENTIVA.
II) Corresponde asimismo a nuestro interés denunciar la violación sistemática de los fueros sindicales y la persecución de Dirigentes Sindicales, por parte de integrantes de algunas Jefaturas de Policía del interior con anuencia del Ministerio del Interior; puntualmente hace un mes le comunicaban al Presidente del Sindicato Policial de Artigas, Compañero Dardo Ribeiro que se le había aplicado una sanción disciplinaria pecuniaria por efectuar declaraciones a la prensa local –declaraciones éstas que realizara en su calidad de dirigente sindical y ponían en conocimiento de la opinión pública acerca de un camión cargado de combustible de contrabando que había sido liberado con la anuencia del mando policial a cargo-; es de destacar que la Jefatura de Policía departamental decidió adoptar medidas a nivel disciplinario policial porque consideró que “se agravió el honor y buen nombre del jerarca”, aun cuando este nunca fue nombrado en forma expresa. Hace aproximadamente 15 días se le inicia al mismo compañero una nueva Investigación Administrativa, esta vez con motivo de unas declaraciones de prensa brindadas en torno al tema de una Oficina de Atención Psicológica –inventada por el Comando departamental, por connivencia del SubJefe con la Profesional a cargo–, sin contar con la anuencia de la Dirección Nacional de Sanidad Policial ni ajustarse a los lineamientos sanitarios previstos por las autoridades Profesionales del área. Cabe consignar que dicha Oficina ya había sido denunciada ante la Dirección de Sanidad Policial y el Director General de Secretaría del Ministerio de Interior por ser ineficiente y arbitraria, ya que no sólo fallaba en su cometido de atención preventiva, sino que aconsejaba el cese o baja de trabajadores por decisiones infundadas y contradictorias con dictámenes de los profesionales de cabecera; denuncias éstas que derivaron en que hace unas semanas se emitiera una Resolución Ministerial admitiendo lo inapropiado de su existencia y desviado de su conducción y ordenando que su personal y lineamientos de funcionamiento debían ajustarse a las órdenes impartidas desde Sanidad Policial, hecho por el cual nuestro compañero Presidente de SINPOLAR (organización sindical con personería Jurídica) hizo publico a través de los medios de prensa el beneplácito de todo el colectivo policial ante tal Orden, actitud por la que ahora podría ser nuevamente sancionado.
Es de significar que este tipo de actitudes negadoras de la realidad sindical policial alcanzan también a otros Departamentos, no sólo a Artigas, y se realiza en base a las más diversas modalidades de represión subjetiva y explícita, estratégicas y sistematizadas que se puedan llegar a imaginar, desde negarse al diálogo constructivo y propositivo que caracteriza nuestro colectivo, como a recepcionar una nota de solicitud o denuncia de carácter sindical alegando que la orden que tienen es de que todo “eso” se trata con el Dr. Florio (Asesor Jurídico del señor Ministro) como es el caso del Jefe de Policía de Lavalleja, o la violación a los acuerdos pactados de palabra y buena fe (como lo establece el Derecho Laboral) que luego son violados e ignorados al terminar las reuniones de “negociación” con el jefe de Policía de Rocha; sin mencionar los que han sido denunciados por los sindicatos por actos de dudosa legalidad y reñidos con la ley penal como el caso de los Jefes de Policía de Salto o Durazno, que para no ahondar en los conflictos de poderes que enfrentan prefieren ignorar y menospreciar, degradando y descalificando a los dirigentes sindicales de los colectivos de trabajadores organizados de esos Departamentos que COMO AGRAVANTE, NO CUENTAN SIQUIERA CON UNA HORA DE LICENCIA SINDICAL PORQUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR hA RESULTO NEGOCIARLAS EN FORMA DIRECTA CON EL GRUPO DE SINDICATOS AFINES A ELLOS Y NINGUNO MÁS.
III) Corresponde finalmente exponer sobre la improcedente formación del personal policial, tanto del escalafón subalterno como de los oficiales de Policía, la cual es manifiestamente contraria a los Derechos Humanos e inadecuada a un país republicano y democrático. Pueden señalarse como ejemplos de lo manifestado el ingreso al Instituto Policial sin la evaluación psicológica correspondiente, hecho que ha sido constatado por la propia Auditoría Interna de Nación de acuerdo a lo publicado por la prensa nacional (se adjunta Informe AIN), hecho que se ha visto agravado con el retiro de los Profesionales responsables del área Psicológica en el ingreso del personal policial a un cuerpo de tan especiales características como la Guardia Republicana.
A ello se suma el trato inhumano y cruel, con apremios físicos, maltrato psicológico y degradante del que siguen siendo víctimas los aspirantes y cadetes en la formación policial, con la excusa de que “es necesario templar el carácter y formar la personalidad fuerte” que se necesita para la labor policial –lo cual a nuestro entender se condice más con los “Cuerpos Dóciles” de M. Foucault, tan típicos de la década del 70’, que con la Policía de un Estado republicano y democrático del Siglo XXI–. Obsérvese la paradoja: estos son los mismos funcionarios encargados de la seguridad pública a quienes luego, en su desempeño diario, la ciudadanía y la normativa internacional exigen a los el respeto a los Derechos Humanos y el buen trato a los ciudadanos en general, pero ¿cómo pretender que aprenda a respetar física y moralmente a otros aquel que precisamente ha sido sistemáticamente faltado al respeto durante su formación? Basta un mínimo ejercicio intelectual para concluir que este factor, sumado a la carente capacitación técnica profesional necesaria, generan un riesgo potencial grave y delicado, no solo para los integrantes de la fuerza policial, sino para toda la ciudadanía que deposita su confianza y seguridad en funcionarios que carecen de suficientes horas de práctica policial y de tiro, no sabiendo realizar una detención y temiendo usar armas con las que están poco familiarizados.
Entendemos asimismo que contratar “en forma provisoria” a centena de personas para trabajar en el Instituto Policial resulta contradictorio con el especial celo demostrado por las autoridades ministeriales a la hora de proporcionar información interna de la institución cuando nuestro colectivo sindical la solicita, y que nos es sistemáticamente negada alegando el “secreto” y el “potencial riesgo de mal uso” de esa información. En efecto, consideramos que aún más riesgoso que informar a los sindicatos es permitir que accedan al sistema carcelario por sólo quince (15) meses más de doscientas (200) personas (se adjunta Resolución Ministerial en torno al tema), de las que no existe garantía alguna si mantendrán la reserva de la información y conocimiento de la operativa carcelaria o eventualmente utilizarán la misma para fines personales –ya que ha ocurrido que ingresaron a ese Instituto de Rehabilitación esposas y concubinas de reos, y otras/os se han vinculado sentimentalmente con los privados de libertad durante el ejercicio de sus funciones como “educadores” penintenciarios-.
Por todo lo expuesto, consideramos imprescindible denunciar estos hechos ante los señores Legisladores, en el entendido que desde su posición como legítimos representantes electos por la ciudadanía deben tomar conocimiento de la realidad en la que los trabajadores de la seguridad pública desarrollan su labor, y en caso de entenderlo pertinente, promover las investigaciones del caso a fin de hallar una pronta y efectiva solución a las problemáticas planteadas.
Sin otro particular, por la Unión de Sindicatos Policiales
SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL
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